Leonardo Juárez R.
La Comisión de Puntos Constitucionales tendrá en próximos días el dictamen en materia de ciberseguridad, tras las conclusiones que se dieron en el parlamento abierto virtual “Análisis de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ciberseguridad”, donde diputadas y funcionarios expresaron sus posturas sobre la reforma a la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional.
La citada comisión refirió “la finalidad es otorgar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en este tema y sentar las bases para salvaguardar la seguridad cibernética de mexicanas y mexicanos. La reforma no atenta contra libertad de información y expresión”.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz expuso lo que se presentó a las y los integrantes de la instancia legislativa es un proyecto sujeto a revisión, por ello, se espera todo tipo de aportaciones. La pretensión de la reforma no es generar una regulación que atente contra la libertad de información, ni mucho menos contra la libertad de expresión.
Apuntó, “se va a sugerir la supresión de aquellas porciones en donde el documento hacía referencia a noticias falsas, y se analizará la viabilidad de que la visión propuesta sea ubicada en alguna fracción diversa a la de seguridad nacional”.
Comentó, los comentarios y propuestas en el parlamento abierto estarán a disposición de las y los integrantes de la Comisión para el dictamen que se realizará en próximos días.
En su participación en la Mesa 2, la secretaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Eugenia Hernández Pérez afirmó que la reforma promueve que el país articule proactivamente esfuerzos en su política de seguridad y en sus instituciones, a fin de reducir los actos ilícitos perpetrados en el ciberespacio.
Recalcó, “hago un llamado a todos los sistemas tecnológicos del país para que, en conjunto con el Gobierno, vayamos robusteciendo y mejorando nuestras políticas públicas y nuestro marco legislativo, de tal manera que podamos transitar en la transformación digital que está teniendo el mundo de manera más segura y eficaz”.
Dijo, “un modelo jurídico para el ciberespacio no es una opción, sino una necesidad, inclusive un imperativo, debido a que, en los últimos años, los ataques a la infraestructura de las instituciones públicas, estatales y del Gobierno Federal han aumentado de forma drástica. Ejemplos de lo anterior, son los ataques cibernéticos al Sistema de Pago Electrónico Interbancario y a Petróleos Mexicanos, cuyos riesgos se traducen en problemas de filtración de datos nacionales confidenciales”.
En tanto, Alejandro Canales Cruz, director general de Gestión de Servicios Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que muchos de los incidentes cibernéticos que suceden están en función o van dirigidos contra la ciudadanía. “Hay ataques que han sufrido instancias particulares y públicas, pero el grueso de estos incidentes se ha dirigido hacia la ciudadanía”.
Resaltó, el 99. 9 por ciento de las Mipymes mexicanas pudieran llegar a tener la oportunidad de comercializar sus productos de manera digital, por ello, la ciberseguridad es fundamental para llevar a cabo sus operaciones. “Es algo muy necesario que debería contemplarse, además del catálogo de los delitos y la prevención, es una estrategia nacional de ciberseguridad. Una acción específica pudiera ser un ente coordinador de todas las instancias de seguridad pública y nacional en el campo de la ciberseguridad”.
El contralmirante Jesús Arellano Rodarte, jefe de la Unidad de Ciberseguridad del Estado Mayor General de la Armada de México, aseveró que el ciberespacio tiene un valor estratégico para el desarrollo y la seguridad nacional. “La Secretaría de Marina está a favor de esta iniciativa debido a que marcará un precedente para dar sustento legal a la actuación de las instancias de seguridad y a los demás sectores de la sociedad en sus ámbitos de competencia”.
Añadió, “con la presente iniciativa quedarán sentadas las bases para que las instancias de seguridad y demás sectores de la sociedad tengamos el sustento constitucional para continuar generando la legislación aplicable, a fin de establecer acuerdos de cooperación basados en la legitimidad constitucional, de manera que continuemos siendo garantes de la seguridad nacional”.
