Leonardo Juárez R.
Los resultados de la Cuenta Pública de 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirman “que el supuesto combate a la corrupción que tanto presume el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es una farsa”, advirtió la coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso de la Unión, Verónica Juárez Piña.
Manifestó, “tras un retraso de varios meses -por la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19-, la ASF entregó el pasado 30 de octubre a la Cámara de Diputados 487 informes individuales del gasto público ejercido en 2019 por los tres órdenes de gobierno. Del monto total observado (25 mil 748 millones de pesos), 14,047 mdp, el 54.6%, correspondió a falta de documentación comprobatoria; el 8.0% a pagos improcedentes o en exceso; el 6.5% a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación y el 4.9% a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. El 26.0% restante correspondió a otros conceptos”.
Recalcó, “destaca de forma sobresaliente que del monto total observado, el 83.1% fue determinado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable, el 13.2% a las revisiones del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera y el 3.7% restante a la distribución de las participaciones federales”.
Apuntó, en el caso del gobierno federal “resulta preocupante que esta revisión del órgano de fiscalización no incluya los programas prioritarios del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida o Becas Benito Juárez; ni las megaobras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el aeropuerto de Santa Lucía.”
Aseveró, “estos son los programas y proyectos donde el Gobierno Federal está destinando la mayor parte del presupuesto público, incluso en el marco de la emergencia sanitaria y de la crisis económica”.
Sostuvo, “esto no sólo contradice el supuesto combate a la corrupción, sino que coloca un manto de impunidad sobre estos programas y megaproyectos que son prioritarios del Presidente que, además, se están utilizando con fines clientelares rumbo a las elecciones de 2021”.
Resaltó, “una de las dependencias con el mayor número de observaciones, en plena crisis sanitaria, es la Secretaría de Salud y agregó que en parte esto obedece a la decisión presidencial de otorgar los contratos del sector sin licitaciones de por medio, que ha resultado contraproducente porque en muchos casos se han entregado equipos a sobreprecio e inservibles y se ha generado desabasto de medicamentos”.
Indicó, de acuerdo con la ASF de los 25,748 mdp que se deben aclarar en el primer año de este gobierno, los fondos y programas del sector Salud representan 80.76% del monto total observado, “según el órgano de fiscalización la suma de tres programas del ramo da 20 mil 794.1 millones de pesos, siendo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa) el que resultó con la las mayores irregularidades, al no justificar 9 mil 536.6 millones de pesos”.
Comentó, “el Seguro Popular no pudo justificar el destino de 8 mil 499.6 millones, en tanto que el Programa de Atención a la Salud de Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Laboral, tiene pendiente de aclarar 2 mil 667.9 millones de pesos. Por ello, el Fondo de Gastos Catastróficos no debería de desaparecer sino hasta que se hayan solventado las irregularidades detectadas y el propio Fondo hubiese sido auditado”.
Refirió, “en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, la renegociación de los famosos “contratos leoninos” costará más de 6 mil 800 millones de pesos, lo que evidentemente es un daño patrimonial que debe ser castigado. El gobierno de Andrés López Obrador no sólo causó un daño irreparable a la población al aplicar una política de austeridad irresponsable en el sector de salud e implementar una política fallida contra la pandemia; sino que ha hecho un uso poco eficiente y opaco de los recursos públicos”.
