Confirman amparo que ordena a JFC y emitir laudo que aplique artículo 902

Leonardo Juárez R.

La II Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras analizar el proyecto elaborado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ratificó un amparo concedido al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana con el efecto de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje “aplique el primer párrafo del artículo 902 de la Ley Federal del Trabajo, con respecto a la acción que el Sindicato de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana promovió con la intención de obtener la titularidad del contrato colectivo del trabajo de una empresa en huelga”.

El órgano jurisdiccional expuso que la porción normativa referida prevé que el ejercicio del derecho de huelga suspende las solicitudes que se presenten ante la Junta. En el caso con motivo de una huelga que estalló en 2007, las actividades laborales y la contratación de trabajadores sindicalizados se encuentran suspendidas. Por lo tanto, la acción tendente a obtener la titularidad del contrato colectivo de trabajo de una empresa en huelga constituye el ejercicio de una acción equiparable a la prevista en la norma.

Recalcó, “lo anterior no limita el derecho que tienen los trabajadores para coaligarse en la defensa de sus intereses en la organización sindical, sólo suspende la solicitud de titularidad del contrato colectivo, en tanto subsista la huelga”. Esto se derivó del amparo directo en revisión 118/2020.

En otro caso la II Sala determinó la constitucionalidad del supuesto de exclusión previsto en el artículo sexto, fracción XVI, del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte, publicado el 31 de diciembre de 2018, “pues no resulta discriminatorio que sea excluida de los estímulos fiscales una empresa dedicada a la subcontratación laboral (outsourcing) o intermediaria en los términos de la Ley Federal del Trabajo (vigente hasta el 24 de abril de 2021)”.

Refirió, “es razonable que este tipo de giro comercial sea excluido del beneficio, aun cuando tribute dentro de la zona fronteriza norte, no produce los mismos efectos que las empresas que crean nuevos empleos directos y ofrecen condiciones de certidumbre laboral a sus trabajadores e impulsan el crecimiento económico en la región. En cambio, la subcontratación laboral realiza los servicios pactados a través de sus trabajadores, mediante los contratos de suministro de personal, en beneficio de un contratante, con lo cual no necesariamente se crean nuevas fuentes de trabajo”.

Subrayó, “los estímulos fiscales son mecanismos implementados por el Estado para disminuir la carga tributaria de los contribuyentes para lograr un fin público. Por tanto, no puede afirmarse que el Estado esté obligado a conceder en todo tiempo y lugar estímulos fiscales a los contribuyentes, ni que éstos tengan un derecho subjetivo a exigirlos pues, lejos de ser un derecho, el estímulo es un instrumento de política fiscal”.

Por otra parte, la exclusión de los estímulos fiscales a empresas dedicadas a la subcontratación no contraviene la libertad de comercio y trabajo, ya que sólo limita el acceso al estímulo fiscal sin impedir que realicen su objeto social para allegarse de ingresos. El caso viene del amparo en revisión 582/2020.

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