Por Alberto Barrios
La juez federal Raquel Duarte Cedillo tomó una decisión contundente este jueves al enviar nuevamente a prisión a los ocho militares acusados en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esta medida se basa en la existencia de pruebas que implican a los militares en presuntos sobornos recibidos del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los militares, que anteriormente habían obtenido libertad condicional tras el pago de una fianza de 50,000 pesos, volverán a estar recluidos en un penal militar en la Ciudad de México como resultado de esta nueva decisión judicial.
La liberación previa de los militares había generado una ola de críticas, incluyendo la del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien expresó su preocupación por la situación y posteriormente se dirigió por carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para advertir sobre los riesgos que ello implicaba durante el proceso.
La defensa de los militares anunció su intención de denunciar a los funcionarios públicos involucrados en la investigación, incluido el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez, a quienes acusan de negligencia. Además, planean impugnar la última decisión de la juez Duarte Cedillo, a quien reprochan haberse dejado llevar por lo que llaman “falsedades”.
El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014 después de ser perseguidos y detenidos por policías que los entregaron a un grupo criminal, ha sido objeto de escrutinio nacional e internacional y se considera un ejemplo emblemático de desaparición forzada en México.
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