La prioridad es la salud de los mexicanos y proteger el ingreso de las familias

Leonardo Juárez R.

La fracción parlamentaria del PRI en el Senado de la República planteó reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que, en caso de que el Consejo de Salubridad General declare emergencia sanitaria, se reduzcan los gastos en programas prioritarios de infraestructura hasta en 75 por ciento, excepto los de inversión pública en infraestructura educativa, salud y seguridad.

En ese sentido, el senador Miguel Ángel Osorio Chong indicó que del total de recursos obtenidos se destine 70 por ciento a actividades de protección de la salud y a la economía nacional y 30 por ciento a la protección de pueblos y comunidades indígenas, promoción de la cultura, atención a víctimas y equidad de género.

Apuntó, al terminar el ejercicio fiscal 2020 e iniciar el ejercicio para 2021 sin ningún tipo de respaldo financiero implica una reducción operativa del Estado, en cuanto al cumplimiento de sus funciones, responsabilidades y obligaciones como garante de la estabilidad y bienestar de los más de 120 millones de mexicanos.

Recalcó, “esto debido al agotamiento de las reservas económicas contenidas, tanto en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas, el objetivo de la iniciativa, es generar una redistribución equitativa de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación con la intención de inyectar recursos líquidos a distintos sectores estratégicos que faciliten la recuperación económica del país”.

Indicó, “para ello a través de la detección de gasto en infraestructura y sin detener la evolución de dichos proyectos, se redirija el presupuesto asignado hasta en 75 a aquellas actividades prioritarias y de atención en el corto plazo que protejan la integridad social de las y los mexicanos”.

Refirió, “las recientes declaraciones del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, respecto al panorama económico y financiero de México, revelan la severidad del problema que se ha derivado a partir del desarrollo de la pandemia, toda vez que, pese a prever un rebote en el crecimiento del PIB, el escenario de recuperación para los siguientes años es adverso y complejo”.

Acotó, “si bien los fondos tienen por objeto hacer frente a los faltantes para el ejercicio del gasto del Estado, sorprende que las reservas que por más de dos sexenios se fueron acumulando, se vieron agotadas en menos de dos años de la actual administración”.

Recalcó, “el uso de estos Fondos disminuyó en más de 70 por ciento durante los primeros dos años sin estar en las condiciones actuales; por lo que su utilización presupone incertidumbre respecto al manejo de los recursos del Estado en favor del cumplimiento de sus obligaciones. Ante un contexto global y nacional en el que la pandemia ha repercutido de forma severa en la economía internacional, se debe replantear el accionar del Estado como agente económico caracterizado por salvaguardar los mejores intereses de sus gobernados”.

Reiteró que es necesario evaluar la ejecución del gasto público, sobre todo, en un contexto en el que se dé prioridad a la política pública de salud y economía familiar, buscando en primera instancia atender la salud de las y los mexicanos, y a la par proteger el ingreso y la paridad del poder adquisitivo de las familias

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