Leonardo Juárez R.
Durante la mesa de Diálogo “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, expertos independientes propuestos por los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PT, MC, Encuentro Social, PVEM y PRD externaron sus puntos de vista sobre el documento que la Cámara de Diputados recibió el pasado 26 de marzo.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González, comentó “las aportaciones en la Mesa de Diálogo serán importantes en el análisis, y en su momento, dictaminación de la iniciativa, será interesante conocer el cómo ha afectado el huachicol a la importación de combustible en Nuevo León, y sobre los marcadores de combustible y los actuales sistemas de medición de hidrocarburos y petrolíferos”.
Mientras que el coordinador del Grupo de Trabajo de Hidrocarburos de la Comisión de Energía, Carlos Enrique Martínez Aké manifestó que las experiencias y aportaciones de las y los participantes ayudarán a comprender de mejor manera los alcances de la iniciativa del Ejecutivo.
La fracción de Morena en la Cámara de Diputados inquirió sobre el cambio de negativa ficta, las reformas que se proponen para recuperar la soberanía y seguridad energética, cómo se puede hacer para aumentar la capacidad de almacenamiento, qué es lo que aporta la iniciativa a la medición de petrolíferos y cuál es el impacto que tiene en relación con los empresarios que venden combustible.
La panista María de los Ángeles Ayala Díaz preguntó si la iniciativa desplaza al sector privado integrado a las actividades petrolíferas, si desde el punto de vista jurídico tiene elementos de inconstitucionalidad y qué opciones le ofrecerá a los pequeños gasolineros, al no existir permisos por parte de las autoridades. Pidió conocer si la reforma va a provocar disminución de la inversión nacional y extranjera en la materia.
Asimismo, cuestionó si se considera que la negativa ficta transgrede en forma directa los derechos fundamentales de seguridad jurídica y el debido proceso establecidos en la Constitución, también solicitó explicar si la iniciativa cuenta con elementos claros y suficientes para que se cumpla con la capacidad de almacenamiento y de no ser así cuáles serían los criterios necesarios.
La priista Soraya Pérez Munguía preguntó cómo ayudará este cambio a combatir el robo de combustible o el tráfico ilegal. “Si ya hay sanciones establecidas, ¿no es más fácil cumplir la ley?”, consideró que más que ayudar a evitar el robo, evita la atracción de inversionistas en el sector, cuestionó qué se puede adicionar para mejorar las condiciones de Pemex ante la falta de presupuesto y qué hacer con los funcionarios involucrados en el robo de combustible.
Pidió conocer cuál será la certeza jurídica sobre las inversiones en almacenamiento, transporte y expendio al público de hidrocarburos y petrolíferos, y si la ley propuesta está alineada con lo firmado dentro del T-MEC en lo que se refiere a la expropiación. Cuestionó si se debe adicionar una parte que indique la función de cada agencia o comisión y la pertinencia de hacer autónoma a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para que pueda ejercer su función de origen. Preguntó si la iniciativa busca acrecentar el poder de mercado de las empresas estatales en el sector energético anulando la apertura a los particulares.
La perredista Karem Zobeida Vargas Pelayo externó su preocupación sobre las modificaciones que se sugieren para que, derivado de la propuesta de reforma, la CRE y la CNH puedan mejorar su operación.
En respuesta los especialistas refirieron que la propuesta de reforma es necesaria y urgente, para Nicolás Domínguez Vergara investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana -propuesto por Morena- “la reforma es necesaria y urgente, aun cuando es solamente una actualización y armonización con relación a los permisos y no un cambio de paradigma en el sector energético. La iniciativa es precisa y tiene propósitos claros, dirigidos, definidos, alcanzables y medibles”. Expuso, se restringe el acceso a la energía debido a la corrupción y robo de combustible, y consideró que debe fortalecerse a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad, asegurar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, buscar disminuir el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos y combatir la corrupción.
En tanto, César Humberto Cadena Cadena presidente de Clúster Energético de Nuevo León -propuesto por el PAN-, refirió que respecto al artículo 57 “sienten temor” de que algunos artículos de expropiación o requisa queden discrecionales. En cuanto al artículo 53 dijo que si la decisión es la “negativa ficta”, están a favor.
Planteó, en el artículo 59 Bis se establezca que las resoluciones las realice una autoridad jurisdiccional, es decir, con facultades para juzgar, como un juez de distrito o magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para evitar la discrecionalidad y darle fortaleza al nuevo marco jurídico; en el artículo Cuarto Transitorio propuso fijar un plazo de 30 días para la revocación de los permisos que incumplan con el requisito de almacenamiento.
Alertó, “se arriesga confiando en que es un país de leyes. Recurrir al extranjero para que rija nuestras leyes no es el camino correcto, debemos esperar la justicia en nuestras propias leyes”. Agregó que en Nuevo León el contrabando empezó por ferrocarril y afectó al grado de que había días en que Pemex casi no vendía. Consideró que la ley pondrá orden respecto a que se necesita construir infraestructura”.
Rosanety Barrios Beltrán analista independiente de temas energéticos y propuesta por el PRI, dijo que la revocación de permisos ya es una facultad que existe por parte de la autoridad; no obstante, precisó que para incidir de mejor manera en el combate al robo de combustible y la evasión fiscal se debe investigar quién le vende a quién y cómo.
Conjuntamente, buscar un acuerdo de colaboración entre las autoridades que investigan estos delitos y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), ya que ésta se encarga de vigilar que las instalaciones operen eficazmente y posteriormente reporta a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que revoque los permisos.
Silvia Ramos Luna ingeniera de Inspección Técnica en Petróleos Mexicanos (Pemex), expresó que la iniciativa únicamente modifica de manera parcial y elemental seis artículos de la Ley de Hidrocarburos. “Me da gusto que no hay objeción para reformar el artículo 56 para que se revoquen los permisos otorgados cuando se compruebe que los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos hayan sido adquiridos por contrabando; estamos de acuerdo en que no haya huachicol”.
Aclaró que no se modifica el título Segundo de la Ley de Hidrocarburos relativo a la exploración, por lo que “las rondas que entregaron nuestro petróleo siguen vigentes. La iniciativa sólo se limita a los permisos y deja sin modificar las reservas petroleras. La propuesta es limitada, aunque “hay que reconocer que por fin se vuelve a hablar de soberanía y seguridad energética; esperamos pronto discutir una reforma constitucional que nos regrese el patrimonio de todos los mexicanos: nuestro petróleo”.
