Leonardo Juárez R.
El legislador federal Marco Antonio Andrade Zavala impulsó una iniciativa para penalizar a quien convoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de éste o de algún vicio, estableciendo la aplicación de 100 a 500 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no llega a ejecutarse.
Señaló, se plantean reformas a los artículos 208 del código penal federal y 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para estipular que se considerará apología del delito a todas las expresiones realizadas en medios electrónicos o que sean expuestas en lugares públicos de forma impresa.
Así como establecer que en caso de que las expresiones de apología fueran en contra de algún servidor público, la pena podría incrementarse hasta cinco años de prisión por el delito de apología.
Indicó, “resulta muy preocupante que los mexicanos hayan perdido la capacidad de asombro ante las manifestaciones de violencia de la delincuencia. Al ciudadano ya no le impresiona encontrarse a su paso con algún tipo de mensaje, advertencia o amenaza que atente contra su persona o contra las Instituciones del Estado o de algún capo, cartel o banda delictiva”.
Aseveró, “la iniciativa pretende llenar un vacío legal a fin de que el autor o autores de este tipo de mensajes o expresiones de grupos delincuenciales promoviendo objetivos y amenazas de muerte en contra de personajes que realizan una labor representando al Estado mexicano obtengan un castigo ejemplar”.
Manifestó, “los grupos delincuenciales han dejado en las calles listas que contienen los nombres de sus objetivos, en muchos de los casos, acompañados de fuertes amenazas en contra de Instituciones del Estado o de bandas rivales; comúnmente denominadas narcomantas”.
Dijo, “este tipo de manifestaciones se han hecho presentes durante la pandemia de Covid-19 y sismos, donde se hicieron llamados a la sociedad a cometer actos delictivos, para generar caos. Como ejemplos, está el caso Tlahuelilpan, Hidalgo, donde se azuzó a la sociedad a sustraer combustible de una toma de Pemex, ocasionando que la promoción de un delito cobrar la vida de personas”.
Añadió, “otros ejemplos lamentables se dieron durante la contingencia de Covid-19. Tan sólo en la Ciudad de México, en un mes, se detectaron 22 cuentas de medios electrónicos que incitaban a la realización de saqueos en diversos comercios”.
Por ello -sostuvo- “ es innegable que el Estado, garante de la actividad ciudadana, asuma sus responsabilidades con el propósito de poner fin a este tipo de actividades que atentan contra la estabilidad del pueblo de México. De ninguna forma busca negar el derecho a la libertad de expresión a cualquier precio, ya que Morena está a favor de la libertad de expresión”.
