Leonardo Juárez R.
El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal manifestó que en la estrategia de combate a la estructura financiera de las organizaciones criminales, las autoridades hacendarias están obligadas a cuidar los derechos de los contribuyentes y que reclaman certeza jurídica.
Durante la reunión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con los titulares de la UIF y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), aseguró que “la política tributaria es un tema sensible en cualquier gobierno democrático, por un lado, la autoridad está obligada a trabajar para reducir las amenazas contra el sistema tributario y, por el otro, debe ser escrupulosa con el respeto a los derechos de los contribuyentes”.
Refirió, debe ser una prioridad frenar el manejo financiero de la delincuencia organizada y desarticular su estructura en áreas estratégicas, como las operaciones comerciales, pues tan sólo en 2018 se realizaron 18 millones 673 mil 640 movimientos de mercancías con el exterior y sin el debido resguardo; el comercio exterior puede ser vulnerable a operaciones ilícitas.
Advirtió, debe reforzarse la vigilancia hacia la economía informal, que incluso es espacio factible para el lavado de dinero, y recordó que, con base en cifras del Inegi, para el año 2017, el 57.1% de la población en México tuvo como sustento alguna actividad relacionada con la economía informal, equivalente al 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Añadió, “por eso, la importancia de que la Unidad de Inteligencia Financiera fortalezca la estrategia nacional de combate al lavado de dinero y rinda informes permanentes respecto a las acciones gubernamentales, para disminuir el contrabando, la corrupción en las aduanas, el tráfico de armas y de dinero en efectivo”.
