Leonardo Juárez R.
El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará un escrito al Consejo de la Judicatura (CJF) para que el Poder Judicial de la Federación emita sentencias de personas encarceladas desde hace años, además los internos pobres puedan contar con defensor de oficio.
López consideró que “es una violación considerable a los derechos humanos de miles de personas que están detenidas sin sentencia y ya llevan años. Entonces vamos a enviar, de manera respetuosa, un escrito al Consejo de la Judicatura para que esto se atienda. Esto tiene qué ver con la necesidad de que se cuente con defensores de oficio y que también el Poder Judicial, con todo respeto, atienda a quienes no tienen para pagar abogados”.
Mencionó, a la fecha hay 4 mil 110 personas sin sentencia. De este grupo, 90 tienen entre 15 y 20 años de reclusión y cientos de trámites para poder alcanzar su libertad sin éxito, hay casos de 2 a 5 años en la cárcel sin sentencia hay mil 63 personas, de 5 a 10 2 mil 378 presos, y de 10 a 15 un total de 579.
En cuanto al caso de los normalistas, el presidente comentó que al interior de las normales rurales hay cacicazgos y malos manejos en la distribución de los recursos, pasando las elecciones habrá un diálogo abierto y franco para terminar con esos vicios.
Comentó, se apoyará a las normales rurales, pero se desterraran los abusos en el manejo de los fondos. “A veces con medidas de represión al interior de las normales, de grupos que tienen el control y hasta obligan a los alumnos a tener conductas antisociales, para tener el derecho al comedor, para seguir sus estudios: no queremos cacicazgos”.
López Obrador puso el ejemplo de dos jóvenes estudiantes que al intentar sacar productos de la caja de un semirremolque que circulaba por la carretera de Puebla fallecieron, y después se conoció que eran obligadas a ello para tener derecho al comedor, “nuestro gobierno no es represor. Yo no soy (Gustavo) Díaz Ordaz. Entonces, vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos, nadie debe de abusar”.
Lo anterior se derivó de las medidas inconclusas de apoyo a los estudiantes normalistas de Chipas y otros estados. Incluso se conoció que los estudiantes de Chiapas recientemente liberados obtuvieron este derecho con las reservas de ley.
