Las acciones de gobierno para solucionar crisis forense son insuficientes

Leonardo Juárez R.

El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC)

y la Fundación Friedrich Naumann, al presentar el estudio “Desapariciones forzadas e involuntarias Crisis institucional forense y respuestas colectivas frente a la búsqueda de personas desaparecidas”, arroja que las acciones gubernamentales para atender esta problemática, y en especial, la crisis forense han resultado tardías e insuficientes.

El ONC mencionó que el  estudio revela que este problema se debe a la falta de personal especializado, a la insuficiencia de inmobiliario y recursos materiales, a las dificultades para implementar protocolos homologados y a la escasez de recursos económicos que se le destinan a los Servicios Médicos Forense, entre otros factores.

Señaló, de acuerdo con las necesidades identificadas para solucionar esta problemática, se recomendó a las autoridades federales y estatales hacer más eficiente el gasto para mejorar las condiciones de los servicios forenses, salarios, equipo y contratación de especialistas con perfiles técnicos requeridos. De la misma manera es fundamental incrementar las capacidades institucionales de las fiscalías especializadas a fin de mejorar las investigaciones.

Comentó, este tipo de medidas son esenciales si lo que realmente se busca es mejorar las capacidades institucionales, pues anticipó que la creación de los institutos regionales forense por parte del gobierno federal no es suficiente dada la complejidad de la crisis.

Explicó que el estudio advierte que la desaparición de personas en México no ha recibido la atención prioritaria necesaria, “ello ha obligado a los familiares de personas desaparecidas a realizar búsquedas e investigaciones por sus propios medios. Señaló que un ejemplo es la Brigada Nacional de Búsqueda que fue iniciativa de la familia Trujillo Herrera tras la desaparición de cuatro de sus integrantes en 2008 y 2011”.

Consideró que la problemática en torno a las desapariciones es un indicador clave del nivel de violencia extrema imperante en México. Además, si se considera el creciente número de fosas clandestinas donde se han encontrado fragmentos de huesos,  es evidente una normalización del uso de sustancias y métodos de desaparición de cuerpos.

Recalcó, “debido a ello la crisis forense no solo se debe a la cantidad de restos humanos sin identificar, sino a los métodos que utilizan los grupos delictivos para desaparecerlos. Esto ha alcanzado tal impacto, señaló, que el incremento de la violencia en nuestro país representa un reto para las capacidades, recursos y procesos científicos del Estado”.

Apuntó, la solución respecto a las desapariciones y la crisis forense deben involucrar necesariamente diversos actores sociales tales como: las instituciones de gobierno, los familiares de personas desaparecidas, los colectivos, los organismos internacionales especializados en derechos humanos y en materia forense, las organizaciones de la sociedad civil y la academia.

Destacó el trabajo que realizan los colectivos de familiares, el cual ha sido un factor determinante para entender el cambio cualitativo que han tenido las políticas públicas diseñadas en materia de desapariciones forzadas y desapariciones involuntarias.

Urgió, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), mejorar la colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales para retroalimentar los resultados obtenidos en la búsqueda e investigación de los casos de personas desaparecidas. Además es fundamental impulsar el fortalecimiento de las comisiones locales de búsqueda y mejorar el trabajo colaborativo con éstas y las familias de las víctimas.

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