Los cambios en prisión preventiva, no ofrecen justicia, son un castigo: MC

Leonardo Juárez R.

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso de la Unión recalcó “votamos en contra de los cambios en materia de prisión preventiva oficiosa, al no proporcionar justicia ni combatir la incidencia del delito. Estas modificaciones solo propician la impunidad, la corrupción y el abuso de poder por parte de los encargados de impartir justicia; impidiendo con ello el acceso a la verdad”.

En tribuna la diputada Carmen Julia Prudencio, expuso que con este tipo de modificaciones, las y los ciudadanos que sean señalados del delito y sean privados de su libertad, tardarán aproximadamente 2 años en salir de la cárcel, condenándolos de inmediato al hacinamiento, a la insalubridad y la violencia. “Este dictamen es la prueba más palpable de que no hay interés por parte de este gobierno para crear un sistema de justicia eficaz. De aprobarse esta reforma, el Congreso mexicano estaría enviando el mensaje negativo a la sociedad de que, a falta de justicia, nos ofrecen castigo”.

Mientras que el diputado Juan Carlos Villarreal, integrante de la Comisión de Justicia, lamentó que esta minuta represente un retroceso, ya que no garantiza que el Ministerio Público deba presentar pruebas de las presuntas víctimas de los delitos y por el contrario, fortalece un sistema punitivista que busca utilizar la prisión preventiva oficiosa como una medida de castigo y percepción social de seguridad, nada más alejado de la realidad.

Su compañera de bancada Adriana Medina, manifestó que esta reforma es una contradicción de la mayoría parlamentaria que durante campaña pugnó por fortalecer el respeto de los derechos humanos y la impartición de justicia y ahora, aprueba por cambios que perseguirán delitos sin un debido proceso. “Es necesario que se reconsidere el proyecto y se discuta en comisiones. De aprobar estos aspectos, se constituye una violación a los derechos humanos”.

La diputada Martha Tagle, presentó una serie de reservas que acatan las observaciones por órganos de derechos humanos para eliminar la prisión preventiva que incrementa el encarcelamiento de personas acusadas sin la sentencia de un juez.

Explicó, de acuerdo con el INEGI, más del 60% de los presos no cuentan con sentencia; un modelo de justicia que termina por generar un alto costo para el estado, no solo por el costo social, también, por promover la ineficiencia de fiscales y jueces.

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