Leonardo Juárez R.
La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, inauguró el Conversatorio Virtual Los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos, donde urgió adoptar políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales y erradiquen la discriminación y marginación.
En materia de justicia, exhortó al Poder Judicial, especialistas y organizaciones de la sociedad para impulsar una reforma legal que ofrezca a las y los indígenas y afromexicanos de nuestro país, acceso digno a la justicia.
Al Poder Legislativo, y a los gobiernos de los estados de la República a introducir el “Principio de irreductibilidad presupuestaria” en dependencias, organismos e instancias públicas responsables de la promoción de la igualdad, así como del combate y erradicación de la discriminación; además de dotarlos de mayores facultades de actuación y atribuciones vinculatorias a sus recomendaciones y determinaciones institucionales.
Indicó, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población que se autoadscribe a un grupo indígena asciende a 25.6 millones de personas (51.3% son mujeres y 48.7% hombres), mientras que a nivel mundial 385 millones de personas son indígenas. Por ello, es preciso impulsar políticas públicas que les permitan ejercer sus derechos de manera libre, informada y en su propio idioma, con perspectiva de género, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Refirió, uno de los principales retos que enfrenta el Estado mexicano es el de garantizar los derechos humanos de este sector de la población, sobre todo porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 71.9% de la población indígena vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema, por lo que es preciso sumar esfuerzos para erradicar las condiciones de exclusión y marginación.
Señaló, 8 de cada 10 infantes indígenas se encuentran en situación de pobreza, mientras que 40% de las mujeres indígenas están en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que genera severas dificultades para ejercer su derecho a la salud por insuficiencia de infraestructura y equipamiento médico en las zonas marginadas del país.
Recordó que en el contexto de la emergencia sanitaria que se vive actualmente, la CNDH ha solicitado tanto al Poder Ejecutivo Federal como a las instituciones públicas del Sector Salud y a los Gobiernos Estatales y Municipales de la República Mexicana, fortalecer las medidas de prevención y protección a la salud de los pueblos Indígenas y afromexicanos del país, a fin de contener y mitigar los efectos de la pandemia por Covid-19.
Demandó superar el doble discurso que por décadas ha prevalecido y que se caracteriza por la integración de los pueblos indígenas al desarrollo nacional a través de un modelo de asimilación cultural y mediante políticas públicas asistencialistas, puesto que frecuentemente han transgredido sus culturas, identidades y cosmovisiones. Además, ese enfoque también vulnera su derecho a la autonomía y autodeterminación, acceso a la salud, educación y justicia con pertinencia cultural y lingüística y a decidir libremente sobre sus territorios.
Ante eso propuso impulsar una reforma legal que garantice a las y los indígenas y afromexicanos de nuestro país el acceso digno a la justicia y el desarrollo de los procesos imparciales, oportunos y eficientes que merecen.
