Por José Luis Sosa
El lunes 11 de mayo para sorpresa de muchos fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial donde se da a conocer que el presidente López Obrador ordena el regreso del Ejército y la Marina de manera permanente en las calles hasta el 27 de marzo de 2024 para realizar labores de seguridad pública y auxiliar a la Guardia Nacional en sus tareas para la cual se supone fue creada, pero que hasta hoy en día su labor ha sido mayormente enfocada a resguardar a los indocumentados para que no pretendan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Cerca de 27 mil elementos egresados en su mayoría del Ejercito, la Marina y la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), han sido asignados a esta tarea como la Guardia Nacional.
En el acuerdo primero señala; “Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolle su estructura, capacidad e implantación territorial, sin que dicha participación exceda los cinco años a partir de la entrada en vigor del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En materia de seguridad o más bien de inseguridad, en el gobierno de la 4T, con desencanto la radiografía nos arroja que tan sólo en su primer año de gobierno del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre del 2019, los homicidios dolosos arrojan la devastadora cifra de 34 mil 574 y tan solo en el primer trimestre del 2020 se registraron 7 mil 313, lo que lastimosamente nos muestra las cifras más altas de asesinatos en la historia en nuestro país, muy por encima a las administraciones anteriores, muchos dicen que el sexenio de Felipe Calderón fue el más violento pero las estadísticas nos dejan ver lo contrario, durante todo su mandato se registraron 34 mil homicidios, ósea que durante los seis años de gobierno se realizaron una cantidad casi igual a la del actual gobierno en sólo un año, y en relación al gobierno de Peña Nieto se suscitaron 156 mil 437 homicidios durante su sexenio.
El hecho de que la Marina y el Ejercito regresen a las calles divide las opiniones de la gente, aunque la realidad es que el pueblo confía más en las Fuerzas Armadas que en las policías. Con la llegada de Andrés Manuel López a la silla presidencial, una de sus decisiones fue regresar a los cuarteles a las Fuerzas Armadas pues señaló que no es con el ejercito como se pueden atender los problemas de inseguridad y violencia y en cierta manera tenía razón, pero esto sería acertado si en verdad las policías en sus diferentes niveles de gobierno estuvieran realmente atendiendo los problemas de inseguridad con eficacia, pero desafortunadamente para los mexicanos esto no es así, estamos atravesando por los niveles más críticos de violencia e inseguridad nunca antes vistos a lo largo y ancho de la República Mexicana, aunque existen ciertas regiones que ya son intransitables sin que al parecer las autoridades puedan contener esta ola de violencia que tanto preocupa y afecta la estabilidad social y económica de la población, pero que principalmente pone en riesgo la vida de sus habitantes. Lugares que en el pasado daba confianza visitar o transitar por ellos, ahora la pensamos dos veces en visitar por temor a ser víctimas de la incesante ola de delincuencia que impera, pero en especial del crimen organizado que ha establecido sus dominios y que no respetan nada ni a nadie.
Esperamos que, con esta nueva decisión del ejecutivo, no se cometan abusos por parte de los uniformados contra la gente, que se respete el estado de derecho al igual que los derechos humanos de los ciudadanos en su libre tránsito por todo el país.
Por otro lado, recientemente ya se había vuelto muy común ver en los noticieros de televisión, diversos medios de comunicación y redes sociales, como pobladores y presuntos delincuentes impunemente con todo el dolo escupían, golpeaban, humillaban, insultaban y hasta ordenaban retirarse del lugar a militares en cumplimiento de su deber, golpeando con piedras y tubos las unidades oficiales, esto por igual con policías municipales, estatales y federales, sin el mínimo respeto al uniforme y mucho menos a la autoridad que representan. Se requiere de un equilibrio, donde exista mutuo respeto tanto del ciudadano a las autoridades como de los uniformados a la población y que las Fuerzas Armadas puedan actuar con certeza jurídica sin excesos pero con respeto de ambas partes, que realmente se actúe contra la hasta ahora imparable delincuencia que azota despiadadamente a los mexicanos, con estrategias bien planeadas, logística e inteligencia con tecnología de punta y con honestidad, en plena coordinación con los mandos policiacos creando un frente común como se trabaja en países de primer mundo y que arrojan resultados satisfactorios para la población en general y el bienestar del país. La diferencia es que ahora ya los militares nuevamente podrán utilizar la fuerza y responder a los ataques de la delincuencia organizada.
Otra de las medidas que se requieren tomar, es como en repetidas ocasiones se ha publicado en esta columna durante casi dos décadas, el sanear a los cuerpos policiacos, con elementos de confianza y probada honestidad en sus diferentes niveles, pues no es nada nuevo que durante décadas hemos visto como ciertos elementos en lugar de servir a la población como es su obligación y encomienda, terminan sirviendo al crimen organizado o ellos mismos delinquen de manera personal, eso ya se debe terminar de raíz, no más corrupción e impunidad entre los destinados a preservar y garantizar la paz pública y la seguridad de las personas de bien que pagamos impuestos para que se garantice nuestra seguridad y la de nuestras familias, aunque debemos reconocer que por igual tenemos también policías ejemplares que sí cumplen con su ineludible tarea de bridar seguridad a la población en general, muchas veces a costa de exponer su integridad física o sus propias vidas.
En otro orden de ideas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que preside Rosario Ibarra de Piedra, se pronunció en contra del decreto presidencial que ordena que la Marina y el Ejercito regresen a las calles a garantizar la seguridad de los mexicanos, pues señala no ofrece claridad sobre los supuestos en los cuales cubriría la actuación de estas.
Ahora esperamos que la CNDH si garantice plenamente los derechos de los ciudadanos al igual que el de los uniformados.
Cabe recordar que todos los presidentes desde Salinas de Gortari hasta Peña Nieto se han apoyado en las Fuerzas Armadas para mitigar el problema de inseguridad y combatir con certeza al crimen y el narcotráfico con buenos resultados, por eso consideramos que es una buena medida la ahora también tomada por el jefe del ejecutivo, esperando no se le den atribuciones que afecten las garantías individuales del pueblo, pues no deja de despertar perspicacias entre la gente el hecho de que esto se llevara a cabo durante la Pandemia del COVID-19 y esto no sea la militarización del país. Por el bien de todos los mexicanos y de nuestra muy querida Nación, esperamos que esto no suceda, sí le de certeza, seguridad al presente y futuro de México.
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