Leonardo Juárez R.
La diputada Mónica Almeida López insistió en que para garantizar el acceso a la salud como un derecho universal, se debe incrementar de manera sustancial el gasto que se destina a este rubro, ya que lo presupuestado para el próximo 2021 apenas alcanza el 2.75% del PIB.
Comentó, para contrarrestar los efectos del covid-19 y conseguir dotar a toda la población con una cobertura universal, el sistema de salud tiene que entrar al quirófano, para el siguiente año el gobierno federal destinará apenas un 2.75% del Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro, es decir 667,236.4 millones de pesos, muy por debajo del 6% que estima la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se necesita para proveer un sistema de salud óptimo.
Recalcó, “la propuesta de presupuesto del Ejecutivo es tan irreal que con el dinero que pretende destinar para el siguiente año, ni siquiera alcanza para tratar de alcanzar su objetivo de brindar una cobertura para cerca de 20 millones de personas que hoy no tienen acceso a servicios de salud, la propuesta para este sector resulta insuficiente, ya que el incremento debe ser real para poder atender la emergencia sanitaria del Covid, que lamentablemente ha tenido un manejo desastroso y que ha resultado en la muerte de más de 83 mil mexicanos”.
Subrayó, la tendencia en el gasto camina en sentido contrario para lograr satisfacer las necesidades médicas de todos los mexicanos, ya que mientras se incrementan los problemas de salud en el país, el presupuesto para el sector sigue a la baja.
Sostuvo, “la salud no es una prioridad para la 4T, ya que por un lado se asignan 45 mil 50 millones de pesos a la construcción de la refinería de Dos Bocas y al programa de vigilancia epidemiológica en plena pandemia sólo se destinan 549 millones de pesos, es decir, 81 veces menos que el costo de la refinería. En un contexto en el que se habla de austeridad, buscar hacer más con menos en el sector salud es peligroso, lo fundamental es garantizar los derechos que conforman el mínimo vital, del cual la salud es un eje central donde parten y emanan todos los demás derechos vitales por lo cual, para garantizar el bienestar de todos, será indispensable incrementar el gasto destinado al sector salud”.
Añadió, se deben garantizar derechos humanos, de los cuales el Estado tiene la obligación constitucional de garantizarlos, de tal forma que la discusión y eventual aprobación del PEF 2021, se debe realizar bajo una perspectiva del cumplimiento de estas obligaciones.
