Leonardo Juárez R.
Las diputadas federales Beatriz Rojas, María Eugenia Hernández y Rocío Villarauz Martínez integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, manifestaron su respaldo a las medidas diseñadas e implementadas por la Fiscalía Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México para fortalecer las acciones institucionales para atender la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
Durante una reunión virtual que sostuvo el Grupo de Trabajo sobre el Mecanismo de Seguimiento al Cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su sigla en inglés), con Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros titular de la citada Fiscalía, subrayaron que la prioridad de las autoridades estatales y del propio Legislativo debe ser reducir las espirales de riesgo de las mexicanas.
Por separado, Beatriz Rojas externó que ante las reformas al artículo 25 BIS de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, los 11 municipios con Alerta de Género tienen como obligación instalar las comisiones transitorias para combatir y erradicar la violencia vinculada a los feminicidios y a la desaparición.
Apuntó que el objetivo de la medida es contribuir de manera progresiva al diseño, análisis, implementación, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas que realice cada ayuntamiento en la materia, así como de los protocolos de actuación, la aplicación de recursos y la capacitación de servidores públicos que intervengan en la realización de acciones vinculadas a la erradicación de feminicidios y desaparición.
Refirió, dichos protocolos obligan a atender la medida a los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, a efecto que tal ordenamiento vence el próximo 2 de noviembre.
Calificó como acertada la modificación a la citada ley, pero es importante que las autoridades municipales sigan atendiendo la violencia de género, ya que estas localidades tienen un presupuesto asignado de 80 millones de pesos, con asignaciones de entre 5 y 9.7 millones de pesos por municipios, además de la asignación a ocho localidades con 15 millones de pesos por tener alerta de género.
Mientras que María Eugenia Hernández recalcó “la impunidad es la característica que acompaña “a la privación de la vida por razón de género, que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres, de los casos que se han dado en la entidad con mayor incidencia de muertes en mujeres por violencia corresponden a Ecatepec, Chimalhuacán y Atizapán Zaragoza, de un total de 25 municipios calificados en el rango más alto; en ese sentido, comentó que en el estado no se le da la difusión necesaria a los centros de atención y prevención que ya operan”.
También cuestionó los procesos para emitir una alerta, dado que el escenario al que se enfrentan los familiares y denunciantes en el estado no son inmediatos, pues se declaran después de seis o siete horas, tiempo valioso para atender delitos de trata de personas.
Por su parte, Rocío Villarauz apuntó “las denuncias que han realizado los colectivos de derechos humanos desde la administración pasada, en las que se denunciaron la atención precaria que brindaban las agencias del ministerio público. Algunas de estas denuncias se centraban en la revictimización que se generaba durante la búsqueda de justicia por parte de los familiares, así como la falta de herramientas en los servicios médicos forenses que permitan un ejercicio cabal de impartición de justicia”.
Centró la atención en las estrategias que se han implementado por parte de la Fiscalía estatal para la atención a la violencia contra las mujeres, que calificó de oportunas y se interesó por desarrollarlas de forma puntual.
