México, 31 ene (EFE).- La primera Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018, después de que la madrugada de hoy concluyeran los trabajos de dictaminación del articulado, informó la Asamblea Constituyente.
“La Constitución de la Ciudad de México entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018, como establece el régimen transitorio que aprobó la Asamblea Constituyente”, informó el organismo en un boletín.
Según el preámbulo del documento, “esta Constitución es posible merced a la organización cívica y autónoma de sus pobladores y la resistencia histórica contra la opresión. Es la culminación de una transición política de inspiración plural y democrática”.
Al concluir los trabajos de dictaminación del articulado, solo falta la última revisión para declararla totalmente aprobada este martes.
Para tal fin, los diputados constituyentes se reunirán en la antigua sede del Senado de la Ciudad de México a las 12.00 hora local (18.00 GMT).
La aprobación de la Carta Magna capitalina es de gran relevancia para llevar a buen término la reforma política que, en enero de 2016, estableció que la Ciudad de México se convertiría en el estado número 32 del país, merced a un cambio en la Constitución que da a la capital mayor autonomía para configurarse política y administrativamente.
El documento está configurado por unos setenta artículos, entre ellos el uso terapéutico de la marihuana, que será vigente conforme lo establezca la ley general y la garantía y protección de los derechos humanos.
También contempla los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y, en materia educativa, se buscará eliminar la exclusión y la falta de acceso a la educación media y superior con una ampliación del presupuesto.
Además, uno de los artículos considerados más avanzados es el derecho de autodeterminación personal, que explicita que “una vida digna contiene implícitamente el derecho de una muerte digna”.
En la Constitución se establece la configuración de alcaldías, que estarán obligadas a destinar al menos el 22 % de su presupuesto a proyectos en infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos, de forma gradual a partir del ejercicio del presupuesto de 2019.
A más tardar el 31 de diciembre de 2017, la Asamblea Legislativa expedirá leyes de la organización y funcionamiento de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y las normas para implementar las disposiciones constitucionales para la organización política y administrativa de la capital.
